El Centro de Derechos Humanos (CDH) de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile realizó una primera actividad con el objeto de explorar diversas visiones sobre lo existente en el ámbito jurídico respecto de los abusos sexuales en contexto eclesiástico, tanto a nivel internacional como nacional.
La actividad se efectuó el pasado 28 de abril, a través de la plataforma Zoom Webinar, transmitiéndose de forma simultánea en la página oficial de Facebook de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile y contando con una gran respuesta de público.
La iniciativa contó con la presencia del Decano de la Facultad de Derecho, Profesor Pablo Ruiz-Tagle y de la Directora del CDH, Nancy Yáñez, además de la participación de cuatro destacados/as expositores/as que distribuyeron sus presentaciones en dos mesas de conversación moderadas por el Subdirector del CDH, Felipe Abbott.
Al inaugurar el seminario, el Decano Pablo Ruiz-Tagle señaló que esperaba que “este diálogo sea el inicio de un debate jurídico del más alto nivel y que de esa manera demos comienzo a lo que será en verdad una línea de investigación en el Centro de Derechos Humanos de nuestra Facultad. Una línea a la cual invitamos a integrarse a investigadores, investigadoras y personas de primera línea que puedan conversar y hacerse cargo de las preguntas que plantea este seminario”
En la primera mesa, se buscó responder ¿Qué responsabilidades caben al Estado chileno desde el Derecho Internacional? Para ello, la académica PhD. Judith Schönsteiner, profesora de la Universidad Diego Portales e investigadora del Centro de Derechos Humanos de la referida casa de estudios, analizó la posibilidad de demandar al Estado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de crear una nueva institucionalidad que considere una Comisión de Verdad y Reparación independiente. Además, en relación con las obligaciones del Estado destacó que este tiene, “primeramente, obligaciones de prevención, como es la educación en derechos humanos, lo que conlleva actuar en relación a los perjuicios que pueden promover el abuso sexual; es decir, el machismo y la homofobia”, sumado a la “obligación de regular y fiscalizar espacios eclesiales, y eliminar privilegios eclesiales”, y al deber de “constituir mecanismos de denuncia profesionalizados y seguros”.
Por su parte, la Dra. Claudia Cárdenas, profesora asociada del Departamento de Ciencias Penales, examinó en su análisis la eventualidad de acudir a la Corte Penal Internacional por delitos de abuso sexual en contexto eclesiástico, señalado que “los casos de abuso sexual en contexto eclesiástico, para ser de competencia material de la Corte Penal Internacional, habrían de entenderse como crímenes de lesa humanidad, para lo cual debe probarse que se trata de un ataque generalizado o sistemático contra la población civil”.
En la segunda mesa de conversación se buscó responder ¿En qué se traduce la responsabilidad del Estado chileno en el ámbito doméstico? Ella se inició con la intervención de Carolina Suazo, fiscal de la Fiscalía de Delitos de Alta Complejidad de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, quien dio cuenta de su experiencia profesional investigando estos delitos, como en el caso conocido como “Pequeño Cottolengo”, refiriéndose además a otros como los del “Cura Tato” y “Karadima”. Por último, expuso Juan Pablo Hermosilla, reconocido abogado de víctimas de abuso sexual en contexto eclesiástico a través de su labor en la Fundación para la Confianza, quien hizo referencia a las dificultades que presentan casos complejos como éstos, señalando que ha sido testigo de como “el Estado ha sido partícipe de la impunidad de la que ha gozado la Iglesia, dado que no comprende el fenómeno del abuso sexual infantil (...), en cuanto a que protege un modelo familiar autoritario y patriarcal que subordina los derechos de las personas al padre de familia”.