En un evento realizado en el Aula Magna de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile ante altas autoridades del ámbito de la justicia, el pasado 7 de noviembre se efectuó la ceremonia de balance de gestión 2017-2018 de las Defensorías Metropolitanas Norte y Sur, encabezadas por Carlos Mora Jano y Viviana Castel Higuera, respectivamente.
A la actividad asistieron el Presidente de la Corte Suprema, Haroldo Brito Cruz; el Fiscal Nacional, Jorge Abbott Charme; el Subsecretario de Justicia y Derechos Humanos, Juan José Ossa; el Defensor Nacional, Andrés Mahnke Malschafsky, y el Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, Pablo Ruiz-Tagle Vial; entre otras autoridades y directivos de distintos servicios.
En la oportunidad, el Decano Ruiz-Tagle dijo que, según la última cuenta pública del Defensor Nacional, en 2017, de los más de 320 mil ingresos atendidos por la institución, más de 47 mil personas terminaron sus procesos como inocentes o sin una condena y, de ese total, más de 3 mil debieron pasar diversos períodos de tiempo en prisión preventiva. "Qué relevante es entonces la labor de la Defensoría, al recordarnos que el sistema penal se puede equivocar y que la defensa pública es un pilar fundamental del Estado de Derecho, para que las garantías de todas las personas sean respetadas y resguardadas, independientemente de su origen, etnia, nacionalidad, identidad sexual o creencias", añadió la autoridad universitaria.
Por su parte, el Defensor Regional Metropolitano Norte, Carlos Mora, cuestionó que se esté desnaturalizando la audiencia de preparación, el juicio oral y la prisión preventiva, advirtiendo que "nuestro gran sistema penal entró en una rutina que está desvirtuando sus instituciones".
El directivo apuntó a la prisión preventiva, que se transforma muchas veces en una pena anticipada para personas que después quedan en libertad. Así, contrastó las cifras de 2006 -en el primer año de funcionamiento de la reforma procesal penal en Santiago- con las de 2017, lapso en que éstas pasaron de afectar a 15 mil 369 a 30 mil 981 personas, con un incremento cercano al 100%.
A continuación, expuso la Defensora Regional Metropolitana Sur, Viviana Castel, quien destacó el trabajo de capacitación con relatores internos que se realizó en temas de derechos humanos y que significó la instrucción de 115 defensores penales públicos en los últimos dos años. Esto ha permitido, según explicó, "apreciar una creciente incorporación de la temática en algunas sentencias judiciales que resuelven el conflicto penal", afirmó.