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Profesora Valentina Durán participa en Conversatorio sobre el Acuerdo de Escazú

El pasado 4 de marzo, 24 países de la región adoptaron en Costa Rica el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe (Acuerdo de Escazú). Por ello, a comienzos de junio, los gobiernos de Chile y Costa Rica, en su calidad de co-presidentes del proceso de negociación, invitaron a todos los gobiernos de la región a suscribir este tratado “y contribuir por medio de su implementación a una protección más integral del ambiente y el fortalecimiento de los derechos humanos”, enfatizando que el mismo importa “desde las particularidades de América Latina y el Caribe, un nuevo estándar para la construcción y consolidación de la democracia ambiental”.

A propósito del rol de nuestro país en la adopción de este histórico tratado, se realizó a comienzos de septiembre el Conversatorio «Camino a la ratificación del Acuerdo de Escazú», organizado por el Senado, la Cámara de Diputados, el Centro de Derecho Ambiental de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, la ONG FIMA y el Centro de Ecología Aplicada y Sustentabilidad de la Universidad Católica, con el objetivo de facilitar su pronta ratificación por Chile.

La actividad fue inaugurada por la H.D. Catalina Pérez (presidenta de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados), quien subrayó que si bien hemos avanzado en los sistemas de transparencia y acceso a la información pública, no solamente basta con poder acceder a la información, sino que se debe dotar a las comunidades de las herramientas para poder procesar la información que reciben y que “si no tomamos un rol activo como Estado en garantizar que la comunidad participe en igualdad de condiciones, lamentablemente la desigualdad continuará acentuándose”.

Acto seguido, el ecólogo Fabián Jaksic (Premio Nacional de Ciencias Naturales) continuó con las palabras de bienvenida, asegurando que “este convenio, que refleja un importante trabajo y compromiso de Chile en estos temas, se inscribe en el esfuerzo que como país hemos hecho para construir en casa, pero también en nuestro continente, una sociedad más fuerte, más limpia y más justa” y que “ sin acceso a la información, participación y justicia ambiental, ninguno de los desafíos relevantes que enfrentamos como humanidad serán resueltos”.

El primer panel titulado «El Acuerdo de Escazú: observatorio regional, proceso de negociación y principales desafíos» estuvo integrado por la profesora Valentina Durán Medina (directora del Centro de Derecho Ambiental y docente de la Clínica de Derecho Ambiental y Resolución de Conflictos), Constance Nalegach (negociadora principal de Chile para la adopción del Acuerdo de Escazú) y Valeria Torres (Oficial de Asuntos Económicos de la División de Desarrollo Sostenible y Asentamientos Humanos de la CEPAL) y contó con la moderación de Diego Lillo (Coordinador de Litigios de FIMA).

En su exposición, titulada «Democracia Ambiental y derechos de acceso. Camino a la ratificación del Acuerdo de Escazú», la profesora Valentina Durán Medina comenzó destacando el rol de nuestro país en la existencia, fuerza vinculante y adopción de un acuerdo sin reservas, ofreciendo una posición oficial como política de Estado con gobiernos de dos coaliciones distintas.

La importancia de la firma, de acuerdo con la académica, radica en la “obligación de no frustrar el objeto y el fin de un tratado antes de su entrada en vigor” (art. 18 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados).

El Acuerdo de Escazú, que materializa el Principio 10 de la Declaración de Río de 1992 y se relaciona con el Objetivo de Desarrollo Sostenible N° 16, contiene un reconocimiento de los principios preventivo, precautorio, no regresión y progresividad y pro persona, es decir, se debe interpretar “de una manera que haga sentido para el ejercicio efectivo de los derechos de acceso, conforme a los derechos del administrado”.

En cuanto a las obligaciones de los Estados, recalcó que “en materia de acceso a la información ambiental, en Chile estamos bastante bien: tenemos consagrado un derecho de acceso a la información ambiental y una definición legal de acceso a la información ambiental” (art. 31bis de la Ley N° 19.300), pero hay muchas barreras a ese acceso efectivo y cabal a la información pública, “que tiene que ver con conocer los derechos, pero también con poder entender la información que se recibe o se lee”.

Por lo que respecta a la participación, aseveró que “este tratado no contempla una participación vinculante, pero sí una participación que sea tomada en cuenta, que sea incidente, que tenga una respuesta y que un ciudadano pueda saber de qué forma se tomaron en cuenta o consideraron sus observaciones”. Del mismo modo, explicó que, para hacer efectivo el derecho de acceso a la justicia, los Estados tienen que atender a las necesidades de los grupos más vulnerables, porque hay una gran asimetría entre los actores del conflicto ambiental en todos los países de la región y se debe propiciar asistencia técnica y jurídica gratuita según corresponda: “como Clínica Ambiental, vemos día a día las barreas y las dificultades de acceso a la participación y a la justicia ambiental (…) y estoy absolutamente convencida de que es del mayor interés, tanto de los titulares del proyecto, como de las instituciones públicas, como de los afectados, que exista asesoría jurídica y también asesoría técnica, disponible, independiente y gratuita -o a lo menos accesible-, por una cuestión de paz social”.

La profesora Durán también explicó que el Acuerdo de Escazú es un tratado de piso que expresa los principios de no regresión y de progresividad, que están establecidos en tratados de libre comercio firmados por Chile y que han sido reconocidos por la jurisprudencia: “tenemos que avanzar, podemos avanzar de a poco, pero tenemos que ir hacia adelante (…) partimos de un piso correcto, pero estamos comprometidos a ir mejorando nuestros niveles de acceso”.

La exposición terminó sentenciando que “con esto vamos superando aquella falsa dicotomía sobre la incompatibilidad o enfrentamiento entre progreso y la protección del medio ambiente y, esto, una vez más, nos muestra que no es posible pensar en un desarrollo si no es sustentable, sostenible e inclusivo”.

El segundo panel, moderado por Francisca Reyes (Coordinadora Proyecto GAMA UC), abordó «El liderazgo de Chile para la implementación y entrada en vigor del Acuerdo de Escazú» y contó con las intervenciones de Andrea Sanhueza (representante electa del público en el proceso de negociación), Marcelo Drago (Presidente del Consejo para la Transparencia) y el H.S. Alfonso de Urresti (Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales del Senado).

El Acuerdo de Escazú estará abierto a la firma de los países de América Latina y el Caribe, en la Sede de las Naciones Unidas en Nueva York, desde el 27 de septiembre de 2018 al 26 de septiembre de 2020 y entrará en vigor el nonagésimo día desde que haya sido depositado el undécimo instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión.

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