Flavia Carbonell, Víctor Manuel Avilés y Enrique Navarro fueron los profesores de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile que participaron en la presentación de "Prueba y medidas cautelares en el derecho administrativo sancionador, penal y civil" de Carlos Isensee Rimassa, obra que aborda, entre otras materias, el razonamiento probatorio en los procedimientos administrativos sancionatorios, tomando como eje la Ley Nº 19.880.
La presentación del texto, editado por Librotecnia, se realizó el pasado 10 de septiembre y fue organizado por el Departamento de Derecho Público. Durante la instancia, la profesora Flavia Carbonell (Departamento de Derecho Procesal) destacó que la obra de Isensee se construye desde la teoría racional de la prueba y, en su primer capítulo, la obra aborda el razonamiento probatorio en los procedimientos administrativos sancionatorios, tomando como eje la Ley Nº 19.880.
Con este antecedente, la profesora Carbonell expuso que el libro presentado comienza analizando las etapas de selección de hechos y elementos de prueba (medios de prueba), para luego adentrarse en la etapa de valoración de la prueba. En dicha etapa, el autor sugiere que, en un procedimiento administrativo sancionador, la prueba debe ser valorada conforme a las reglas de la sana crítica (inferencias probatorias en base a generalizaciones empíricas). Posteriormente, y en atención a que la Ley Nº 19.880 no contiene una norma que señale cuál es el estándar de prueba que la Administración debe considerar para resolver un procedimiento administrativo sancionador, Isensee propone una regla de estándar de prueba con contenido (siguiendo una de las fórmulas del profesor de la U. de Girona, Jordi Ferrer), advirtiendo que éste debe ser inferior al estándar penal de la duda razonable, y algo superior al civil de la preponderancia de la evidencia.
Luego de ello, la profesora Carbonell comentó los argumentos centrales de la segunda parte de la obra, y que corresponde a un análisis pormenorizado de la decisión cautelar, centrándose en los requisitos para su procedencia en sede civil, penal y administrativo sancionador, en razón del proceso de valoración de la prueba. En este punto, destacó que el argumento central del libro es el reconocimiento de dos clases de razonamientos: un razonamiento retrospectivo y un razonamiento prospectivo. Esto permite entender que en materia cautelar, la decisión que se adopte tiene que dar cuenta de un cierto impulso por definir al futuro. Así las cosas, la profesora Carbonell se refirió a que la obra finaliza analizando las etapas de valoración y asignación de estándar de prueba, proponiendo Isensee una regla de estándar de prueba que le indique a la Admiración cuándo la evidencia resulta suficiente para decretar una medida cautelar administrativa.
El profesor Víctor Manuel Avilés (Departamento de Derecho Público), por su parte, aportó algunos antecedentes biográficos relativos a la carrera académica y profesional de Isensee, quien se inició como ayudante suyo y de la profesora Ana María García en la cátedra de Derecho Constitucional, para luego impartir cátedra como profesor invitado en el pregrado de nuestra Facultad, entre los años 2014 a 2017, y en el presente año como profesor invitado en un diplomado organizado por el Departamento de Derecho Público.
Luego, de ello, el expositor debatió algunas de las ideas centrales de la obra de Isensee, como lo es la finalidad del Derecho Administrativo Sancionador. Así, el profesor Avilés destacó que tanto él como Isensee creen que existen principios constitucionales aplicables tanto al Derecho Administrativo como al Penal. Asimismo, ambos coinciden en que una cosa es sostener que existe este ius puniendi estatal único, con principios comunes, y otra cosa muy diferente es extraer del derecho penal y sus reglas precisas, soluciones aplicables en silencio de la ley al derecho sancionador administrativo. Sin embargo, el presentador advirtió que discrepa con el autor en la concreción de estas conclusiones en casos concretos, a partir de determinar la intensidad de la aplicación de los principios comunes.
Finalmente, el profesor Avilés destacó que resulta de suma importancia determinar el estándar de prueba que debe existir en la autoridad pública para aplicar una sanción y, en de ese modo, evitar injusticias y arbitrariedades.
