"Volver a los acuerdos" - Ana María García

La pandemia que nos afecta ha conducido a que se busquen medios legales y constitucionales para dar urgente apoyo a los grupos más vulnerables de la sociedad, a personas que han perdido sus empleos, formales e informales, y a amplios sectores de la clase media. En el afán y razonable premura por satisfacer las necesidades, se han descuidado los acuerdos y se han transgredido disposiciones constitucionales.

Si bien existen necesidades que imperiosamente deben ser satisfechas, no debe perderse de vista el Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución, alcanzado tras largas jornadas, por la mayoría de los partidos políticos, el 15 de noviembre de 2019, con motivo de la crisis social que estalló en octubre.

El acuerdo significó un compromiso para el restablecimiento de la paz y el orden público, con total respeto de los derechos humanos y la institucionalidad democrática vigente.

En él se indicó un itinerario preciso y determinado para transitar hacia un proceso constituyente que transparentara la voluntad ciudadana, con el objetivo de avanzar democráticamente hacia un nuevo pacto constitucional representativo de todos los sectores.

Cuatro meses después de celebrado el acuerdo sobrevino la crisis sanitaria generada por el coronavirus, provocando una convulsión mayor que la anterior, pero que nuevamente dio origen a un acuerdo entre el gobierno y un grupo transversal de dieciséis economistas (el Acuerdo Económico Covid-19), en que el gobierno comprometió un aporte de doce mil millones de dólares para mitigar las trágicas consecuencias económicas y sociales de la pandemia, y apoyar la reactivación de la economía.

Si bien es innegable que el país transita hoy por una crisis inédita, no solo social y sanitaria, sino también institucional, es preciso tener presente los acuerdos adoptados, continuar el camino del proceso constituyente, y avanzar en paz hacia el plebiscito de octubre, ya que esa es la única instancia que permitirá revisar, discutir y alcanzar, a través del diálogo, los compromisos para hacer un cambio institucional que nos identifique, acorde con la nueva era que está en marcha.

Será esa la instancia para reflexionar y revisar el régimen de gobierno, las atribuciones presidenciales y su relación con el Congreso, la jurisdicción constitucional y las facultades de control, el catálogo de derechos fundamentales y los principios constitucionales que deban inspirar el nuevo ordenamiento.

En definitiva, la crisis social, sanitaria y constitucional a que hoy estamos enfrentados, no deben alejarnos del camino de los acuerdos adoptados y de los que en el futuro se suscriban, ya que el diálogo y la colaboración colectiva es la única vía para superar la compleja etapa que atraviesa el país, y avanzar hacia una democracia más justa, más equitativa y solidaria.

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