"Pragmatismo en materia de juegos de azar" - Joaquín Morales

Entre marzo del 2016 y septiembre de 2017, me desempeñé como Jefe (T y P) de la División Jurídica de la Superintendencia de Casinos de Juego (SCJ), cargo desde el cual colaboré en el trabajo de enfrentar el problema público que generaban las llamadas “máquinas de juego de la calle”.

Hoy, dos años después, observo como ciudadano y académico, que tal conflicto sigue vigente sin que se vean señales de consenso, y que el esfuerzo de prohibir la operación de tales máquinas, se tradujo en un proyecto de ley que enviado con urgencia al Congreso, no ha tenido hasta la fecha avances significativos.

En el intertanto, salas de juego de distintas clases, proliferan sin que las municipalidades tengan la capacidad de definir de manera expedita y clara si corresponden a modalidades de juego legal o ilegal, y el procedimiento de calificación de máquinas avalado por la Contraloría, que prevé la participación de la SCJ, se ha transformado; en opinión de algunos; en una barrera burocrática basada en discutibles fundamentos legales, la cual trabaría por igual, el ejercicio de actividades legítimas e ilegítimas.

Este modo de regulación, consistente en simplemente no autorizar nada, puede llevar a confusión, respecto si el rol de la autoridad pública es evitar las actividades ilegales, o como sostienen otros, simplemente cuidar de la competencia a los Casinos de Juegos.

La mantención en el tiempo de una "zona gris" de legalidad, a lo único que lleva, es a que las partes interesadas busquen influir sobre la autoridad, con el propósito de lograr regulaciones que favorezcan o legitimen su interés económico.

En paralelo, se mantiene también en la desregulación, el acceso de personas a casinos y sitios de juego online, los que operan desde otras jurisdicciones, y respecto de las cuales la autoridad chilena no ejerce control alguno, no obtiene recaudación tributaria alguna y no provee protección a la ciudadanía de los riesgos inherentes a tal actividad.

Respecto de lo anterior, es sabido que desde julio de este año, el Gobierno está evaluando opciones para legislar sobre la conflictiva actividad de estos casinos y sitios online, la que evidentemente por su naturaleza y plataforma desde donde operan, no ofrece garantía alguna de que por ejemplo; los ludópatas, niños y otros incapaces no podrán acceder a ellos ; que los juegos estén certificados en cuanto a que dependen exclusivamente del azar o que los apostadores no serán engañados, todo esto además agravado por el hecho que no dejan recaudación tributaria alguna en Chile ni tampoco municipal por vía de patentes, aun cuando perciben rentas de fuentes chilenas.

Soy de la opinión que lo anterior, nos obliga a meditar sobre que hacer con una actividad en un limbo regulatorio como ocurre con las máquinas de la calle, en cuyo ejercicio hay operadores que alegan la legalidad de su actuar, que pagarían impuestos directos e indirectos y patentes municipales, y que además generarían posiciones de trabajo.

Si la realidad es de tal magnitud que todos los esfuerzos en prohibir estas “máquinas de la calle” han sido infructuosos, sea por argumentos jurídicos y/o realidades políticas, ello significa que este es el momento de pensar en una regulación enérgica aplicable a ellas, que signifique el fin del limbo regulatorio. Esta regulación debiese apuntar entre otras cosas, a una recaudación tributaria superior a la tipo “WIN” de la Ley de Casinos; esto es 20% sobre los ingresos brutos; y proponer la creación de un nuevo ente público administrador que adjudique permisos de juego de este tipo vía licitación y/o una nueva estructura fiscalizadora de juegos, basada en un modelo de agencia independiente tipo Comisión para el Mercado Financiero, que reúna bajo su alero fiscalizador, todo el universo de los juegos de azar presentes en nuestra realidad.

Creo que es el momento de un análisis pragmático de este problema de política pública y frente a la indefinición mostrada por diversos actores frente a la opción de la prohibición absoluta; lo que provoca un limbo que es el peor escenario; se debe transitar por una opción realista de regulación fuerte que se traduzca en una potencial alta recaudación fiscal; en una recaudación municipal clara y en una nueva institucionalidad que vele entre otras cosas, por el otorgamiento de permisos de juego vía licitación, la que además debiese fiscalizar temas tan sensible como el de la ludopatía y el respeto a la fe pública.

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