"Derechos humanos y medio ambiente" - Valentina Durán y Ezio Costa

A casi un año de que el gobierno pospusiera la firma del Acuerdo de Escazú (tratado que Chile había presidido en sus negociaciones), aún está pendiente que se concluya el análisis que se comprometiera. Esperamos que esta situación se revierta y que el liderazgo que nuestro país pretende en materia ambiental, a través de la organización de la COP25 en diciembre próximo, sea una oportunidad para dar cuenta de un verdadero compromiso con el multilateralismo y la democracia ambiental.

Y es que la firma de Escazú dista de ser solo una demanda de la política nacional, si no que ha pasado a ser una preocupación de los principales foros y organismos internacionales vinculados a la sustentabilidad y los derechos humanos. Prueba de lo anterior es la carta que diversos relatores internacionales han enviado al gobierno de Chile para hacerle un llamado a ratificar este acuerdo como una cuestión prioritaria, además de solicitar información sobre los pasos y medidas que se están realizando para que ello ocurra antes del 27 de septiembre, cuando se cumple un año desde su apertura para la firma.

El gobierno ha declarado que posee un firme compromiso con la protección del medioambiente y los derechos humanos; ¿por qué no pasar a la acción y firmar Escazú, permitiendo que en el Congreso -órgano base de una democracia representativa- se diriman las posiciones sobre el Acuerdo, si es que fuese necesario? ¿Por qué obstruir esta posibilidad de debate?

El año 2019 puede potencialmente ser recordado como uno en donde los temas socioambientales se han tomado la agenda pública; se trata de un momento en que el mundo tiene los ojos puestos sobre nuestro país. Esperamos que el gobierno se ponga en acción y sea coherente con el rol que la sociedad nacional e internacional le está demandando.

Suscriben

  • Paulina Acevedo
  • Valentina Durán
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