"Asociaciones de consumidores" - Agustín Barroilhet

La última reforma a la Ley de Protección al Consumidor facilitó la interposición de acciones colectivas. Esto debiera ser una buena noticia: ahora los consumidores tienen más defensores de sus derechos.

Pero el Ministerio de Economía intenta revertir este escenario. Extralimitándose en sus potestades, les está pidiendo a las asociaciones no solo estados financieros, libros contables y documentos requeridos para fiscalizar, quiere que le entreguen, además, listas de socios y estado de cuotas, así como decisiones del directorio, incluidas las referidas a acciones colectivas, con votos separados por director.

En su nueva regulación -la más asfixiante que se aplique a una forma de asociatividad en Chile -, el Ministerio se extralimita. Entre otras cosas, quiere conocer los contratos de los abogados de las asociaciones con detalle de honorarios no devengados y el texto de las demandas colectivas, aunque no estén notificadas.

Esta nueva regulación de las asociaciones de consumidores vulnera gravemente la ley delegatoria, la autonomía de los órganos intermedios y la Constitución. El derecho a fiscalizar del Ministerio no puede extenderse a la toda la operatoria de una asociación, ni a cambiar sus sistemas de deliberación, ni violar el derecho a los datos personales de sus asociados -tampoco a conocer las estrategias legales de éstas antes de los juicios.

Las asociaciones de consumidores deben litigar contra empresas poderosas que no entregan su información estratégica. El Ministerio debería reconocer esta inequidad y enmendar su regulación asfixiante. De no hacerlo debilitará deliberadamente el rol que el Congreso quiso que tuvieran en la nueva ley.

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