Columnas de opinión

"¿Una nueva empresa pública?"
Diego Pardow

Columna publicada por el director del Centro de Regulación y Competencia (RegCom) en diario La Segunda, el día 04 de enero de 2019.

Actualmente está en discusión un proyecto de ley para abordar el financiamiento de la educación superior. En síntesis, la idea del Gobierno es reunir los distintos sistemas de crédito universitario en una nueva empresa pública, especialmente creada para estos efectos. Esta empresa administraría el sistema conforme a las definiciones de los ministerios de Educación y Hacienda. Su objetivo principal sería extender la cobertura de los créditos, de modo que los pagos de quienes vayan ingresando al mercado laboral permitan incorporar a cada vez más estudiantes. Con todo, el proyecto también contempla la posibilidad de realizar transferencias anuales a través de la Ley de Presupuestos, en caso de que el volumen de pago de los créditos sea muy bajo y la nueva empresa pública enfrente dificultades financieras.

Ciertamente, un gobierno democráticamente elegido tiene libertad para decidir cómo quiere abordar un problema público. En concreto, tiene todo el derecho para elegir cómo combinar mecanismos de fomento a empresas privadas, fortalecimiento del Estado o creación de nuevas empresas públicas. Pero cada tipo de política pública sigue una lógica regulatoria diferente. En caso de las empresas públicas, parece razonable seguir las recomendaciones de la OCDE, en cuya implementación han estado involucrados los últimos cuatro gobiernos.

Dichas recomendaciones pueden resumirse en dos aspectos: independencia en las decisiones de la empresa y separación del patrimonio fiscal. Respecto de lo primero, hay que recordar que hace algunas décadas era común que las empresas públicas siguieran instrucciones detalladas del Gobierno, al punto que distintos ministros de Estados incluso participaban en sus directorios. Llevamos décadas intentando terminar estas prácticas y profesionalizar el gobierno de las empresas públicas.

Desde esta perspectiva, la participación de los ministerios de Educación y Hacienda en la administración del sistema de créditos universitarios parece un retroceso. La posibilidad de financiar las deudas de la empresa a través de la Ley de Presupuestos, por su parte, también va en contra de décadas fortaleciendo los principios de autofinanciamiento y neutralidad competitiva. Más aún, teniendo en cuenta que la Constitución prohíbe los empréstitos entre el Fisco y las empresas públicas, la constitucionalidad de estas disposiciones es difícil de sostener.

En definitiva, el Gobierno tiene toda la legitimidad democrática para elegir cómo quiere abordar el financiamiento de la educación superior en Chile. Pero crear una empresa pública para seguir las instrucciones de un conjunto de ministerios y comprometer regularmente el patrimonio fiscal se parece mucho a comprar un caja de tornillos para armar un mueble, y luego sacar el martillo de la caja de herramientas para ver si consigo clavarlos.

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