Columnas de opinión

"¿Por qué les cuesta cumplir la ley?"
Diego Pardow

Columna de opinión del profesor del Departamento de Derecho Económico publicada en La Segunda el día 27 de noviembre de 2018.

Durante la última década las isapres han perdido millones de recursos de protección por aumentar los planes de sus afiliados sin justificación. Aunque resulte extraño, la cifra está lejos de ser una exageración. No son cientos, ni tampoco miles, sino cerca de dos millones de sentencias que ordenan a las isapres abstenerse de esta práctica. Gran parte de las isapres, sin embargo, continúan haciéndolo hasta hoy.

Esto se debe a que, por una parte, existe un número importante de afiliados que se abstiene de reclamar, ya sea por ignorancia, desidia o falta de tiempo. A ello se agrega que la capacidad del mercado para disciplinar a las isapres es bastante limitada. Un estudio de Espacio Público muestra que nuestro sistema privado de salud tiene graves problemas de competencia. Cerca de un 40% de los consumidores no puede cambiarse de isapres debido a que alguno de los miembros del plan de salud se encuentra en un tramo de edad particularmente riesgoso, o bien tiene enfermedades preexistentes. El 60% restante, a su vez, también enfrenta dificultades significativas para cambiarse de proveedor, toda vez que el exceso de planes ofrecidos impide una comparación apropiada.

Como si todo esto fuera poco, la Superintendencia de Salud emitió hace algunas semanas una circular que instruye a las isapres para que disminuyan el valor de sus planes cuando alguno de los afiliados pasa a un grupo de menor riesgo. Es lo que sucede con las mujeres que dejan de estar en edad fértil, o los niños que superan un número de años. El problema es que las isapres tienen la práctica de esperar a que sus afiliados presenten un reclamo formal, antes de hacer efectiva la disminución que corresponde de acuerdo con las características reales del afiliado.

De este modo, el aumento de los precios se realiza regularmente y aunque carezca de una justificación en costos, esperando mantenerlo respecto de aquellos afiliados que se mantienen pasivos. Al contrario, la disminución de los precios se posterga a pesar de que efectivamente tenga una justificación en costos, esta vez esperando evitarla respecto de este mismo grupo de afiliados que se mantienen pasivos. En otras palabras, el modelo de negocio de las isapres pareciera estar dirigido a explotar a los usuarios con menor propensión a litigar en su contra.

Muchas empresas, en distintos ámbitos de negocios, consideran que la ley es solamente el piso mínimo y lo importante es hacer feliz a sus consumidores. Las isapres, por contraste, necesitan que sus consumidores las demanden para recién entonces cumplir ese piso mínimo. Es difícil pensar qué razones adicionales necesitan nuestros legisladores para decidirse a reformar un marco normativo claramente defectuoso.

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