Opinión

"Cambio Climático, desastres y discurso" Ezio Costa

Columna de opinión publicada por la directora del Departamento de Derecho Público en diario El Mostrador el día 1 de mayo de 2017.

Si bien los desastres relacionados con la naturaleza son una constante en nuestro país e incluso tienen un lugar de relevancia en la cultura y la construcción de la idiosincrasia de Chile, en los últimos años se han venido sucediendo algunos con mayor frecuencia e intensidad que en períodos anteriores. Entre las causas de esto, nuestras autoridades han señalado, acertadamente, que está el cambio climático; y junto con ello, se ha asentado la idea de que es necesario tomarlo en cuenta a la hora de decidir políticas públicas.

Sin embargo, cuando nuestras autoridades culpan al cambio climático, de alguna manera también parecieran quitarse responsabilidad en relación con los desastres. Lo anterior ha levantado voces de alerta frente a la posibilidad de que un fenómeno tan grave e inminente como este, lleve a cierto nivel de inacción. Incluso algunas de esas voces piden que el tema se trate en realidad como gestión de desastres y que entendamos que es ahí donde está el problema.

Parece importante, sin embargo, que analicemos al asunto desde dos perspectivas, sin desmerecer ninguna de ellas. Por una parte tenemos la necesaria gestión de los desastres, una de las materias en las que nuestro país –a pesar de sus características sociales y geográficas- está extremadamente al debe. En este plano tenemos no sólo la carencia de una institucionalidad adecuada, sino que además de cuestiones esenciales como la prevención a través del ordenamiento territorial y la regulación de actividades riesgosas.

Normativas tan básicas como, por ejemplo, la necesidad de áreas de amortiguamiento entre las plantaciones forestales y los centros poblados (en un país que todos los años aumenta su cantidad de hectáreas quemadas), son controvertidas desde todos los grupos de interés, unos porque quieren tener más tierras para plantar o construir y otros porque no quieren responsabilizarse de mantener esas áreas. El análisis costo/beneficio muy probablemente se inclina a favor de la regulación de esas materias; pero mientras el costo sea externalizado a quienes no tienen la posibilidad de cubrirlo, los productores del riesgo maximizan su beneficio al mantener la situación actual. En palabras simples, pagan los mismos de siempre: los vecinos de Santa Olga y de Chañaral, los pescadores de Chiloé y los agricultores de Huasco. Así las cosas, la acción normativa para la gestión de riesgos de desastres es un imperativo.

Esto no significa que haya que quitar al cambio climático del discurso. Existen varias razones para esto, la primera es que nos recuerda nuestra interdependencia; mientras los desastres nos afectan, parte importante de la mitigación de su causa y de la adaptación a las nuevas condiciones está necesariamente arraigada en las conversaciones globales sobre el tema. La segunda es que nos posiciona adecuadamente en el problema; este no es un asunto casual ni natural, es un asunto provocado por el hombre, merced de su relación mal concebida con la naturaleza. Puede ser que la tecnología y nuestras propias capacidades sociales (planificación e institucionalidad), nos ayuden en la emergencia, pero la mantención del curso estable de desarrollo basado en la explotación sin fin, no augura un futuro muy prometedor.

La tercera y más urgente, es que releva el hecho de que el cambio climático debe ser una variable a tener en consideración en todas las etapas de las políticas públicas que de alguna manera dependan o se relacionen con el clima. Las políticas sanitaria, energética, agrícola, forestal, de biodiversidad, urbanística, minera, de salud, de aguas, alimentarias, de transportes, de contaminación atmosférica y tantas otras, deben tener entre sus variables el hecho de que el clima está cambiando y que la trayectoria esperada de cambio, importa una serie de incertidumbres y otras tantas tristes certezas. Los costos de dichas incertidumbres y certezas deben estar internalizados en las actividades. Es evidente que existirán muchos costos, pero es igualmente evidente que hacer como que no existen hoy, es una estrategia de negación que implica aumentar los riesgos graves que pueden llegar a la situación de ser irreparables en el futuro.

Hoy es cuando hay que comenzar con los planes de relocalización de personas que viven en terrenos de alto riesgo, de sustentabilidad en la producción agrícola, de modificar la regulación del agua para asegurar el consumo humano, de protección y restauración ecológica de ecosistemas en vías de desaparecer, etc. Al mismo tiempo, es hoy cuando tenemos que hacer todos los esfuerzos por dejar de producir gases de efecto invernadero. Nosotros, desde nuestro pequeño país, junto a todos los demás o a pesar de ellos, debemos hacer ese esfuerzo. Incluirlo en las variables de política pública, aumentar el conocimiento ciudadano sobre el tema, cambiar algunas costumbres, modificar nuestra relación con el entorno.

Es en este terreno donde se juega la realidad y fortaleza del compromiso con los demás, incluidos esos demás que están por venir. Es en esta área donde la necesidad de un enfrentamiento comunitario se hace presente. Los costos del cambio los tenemos que pagar todos, porque hemos estado girando en contra del medio ambiente y con ello, contra nosotros mismos y los que vendrán.

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