Académicos y expertos contrastan posturas en torno a la implementación de los medidores inteligentes

Con el fin de analizar la conveniencia de introducir los denominados "medidores inteligentes" desde un punto de vista regulatorio y de derechos de los consumidores, el Departamento de Derecho Económico organizó un seminario que congregó a académicos y expertos en la materia, quienes expusieron sus puntos de vista en torno a la materia.

El profesor Diego Pardow, director del Centro de Regulación y Competencia (RegCom), fue el primero en analizar la decisión política de tener medidores inteligentes o analógicos, analizando las ventajas y desventajas de impulsar estos dispositivos.

Entre los beneficios de los medidores inteligentes, "podemos encontrar, primero, la capacidad de cambio en la manera en que se relacionan los clientes con los proveedores. Segundo, permite tarifas dinámicas. Y tercero, aumentar la eficiencia operativa a través de la automatización, y esto es clave para permitir mayor competencia a nivel de comercialización", afirmó el académico. Por su parte, las desventajas están relacionadas con el tratamiento de datos, porque estos generan mucha más información respecto del consumo de las personas, y esta información, eventualmente, puede ser apropiada por las distribuidoras para generar negocios no regulados.

Posteriormente, expuso Ana Lía Rojas, directora de Ener Connex, quien destacó las pequeñas crisis que significan las modificaciones regulatorias y sus efectos en las organizaciones de consumidores, por lo que el anuncio de los medidores inteligentes debería ser un futuro caso de estudio sobre manejo comunicacional y coordinación, sobre todo en la coherencia que debe existir en las políticas públicas entre diferentes gobiernos.

En su análisis, Rojas se remonta al origen de la primera modificación, que se introduce en el 2016, donde los legisladores intentaron establecer un criterio de remplazo gratuito (sin cargo al consumidor) en caso de un evento de fuerza mayor. En 2017 y 2018 se discutió una modificación para la calidad del servicio de los sistemas de distribución, que también buscó la introducción de la medición inteligente como una forma más eficiente para el sistema de consumos eléctricos, enfocado en la relación entre consumidor y distribuidor. Todo esto, con el fin de empoderar al consumidor para que pueda tomar decisiones inteligentes en su consumo eléctrico, al poder tener acceso a información tarifaria horaria, poder tener generación distribuida en su recinto domiciliario, comercial o industrial. De esta forma, el cliente podría tener la opción de consumir energía cuando esta es más barata.

Sobre los cuestionamientos al cambio, la directora de Ener Connex cree que faltó poner énfasis en informar cuáles eran los costos que disminuían en el tiempo, como los costos de operación, mantención y administración de la red, y cuáles serían los costos que aumentaban, que serían los de valor de inversiones. Es en este punto donde se encuentra la polémica sobre cómo se perciben los beneficios de la medición inteligente: son inmediatos para las empresas, y a largo plazo para los consumidores.

Planteamientos en torno a los consumidores

A continuación, Rafael Plaza, profesor del Departamento de Derecho Económico, se planteó si es buena o no la política pública de instalar medidores inteligentes. Según el académico, desde el punto de vista de política de Estado considera que sí es buena, aunque resulta necesario hacer la distinción entre quienes no necesitan el cambio de medidores y los que sí.

El profesor Plaza detalló que las primeras son los usuarios que no están sometidos al servicio público eléctrico de distribución, que se rigen por contratos, en los que generalmente viene una cláusula que establece de quien es propiedad el medidor. Por otra parte, el grupo que sí necesita el cambio de medidor, que son aproximadamente 6.5 millones de personas en Chile, de los cuales Enel Distribución ya ha realizado 250 mil cambios, se trata de personas que están bajo un distribuidor, que es un concesionario público de servicio eléctrico de distribución, cuyas concesiones se licitan públicamente. En este punto, destacó que la distribuidora dentro de sus obligaciones legales, tiene la de conservación en buen estado de sus instalaciones de red.

Finalmente, el profesor Agustín Barroilhet, director del Departamento de Derecho Económico, se refirió a algunos supuestos en torno al cambio de dispositivos, que no le parecen tan infundados. Puso como ejemplo, que con la información recolectada, le avisen a los call centers cuando la gente está en casa para que puedan contestar las llamadas. En esta línea, el docente dijo que los beneficios que producen los cambios regulatorios no solamente tienen que ver con la tecnología, sino que también tienen que ver con el momento y la forma en que se negocia.

“Si no se garantiza que los beneficios a los consumidores vayan a estar al momento de otorgarse esta tecnología, hay un riesgo de que en un futuro estos beneficios no lleguen a los consumidores, ni tampoco llegue la ley de protección que haga explícito que la firma de los aparatos eléctricos de los consumidores son parte de los datos personales y que la compañía eléctrica no puede usarlos bajo ningún objeto”, añadió.

El profesor Barroilhet reafirmó que el premio a los consumidores por este recambio debiera estar en su lugar, antes de tener que pagar por medidores que permitan que estos escenarios se materialicen. Así, concluyó que los beneficios solo son ciertos hasta ahora para las compañías, y solo hay una promesa de beneficios inciertos para los consumidores.