Señor Director:
En reciente Mensaje de 21 de mayo, el Presidente de la República se refirió a dos temas vinculados a temática ambiental, que merecen algunos alcances. Por una parte expone que "este Gobierno ha aprobado permisos de construcción de fuentes generadoras de energía por cerca de 11.500 MW, en estos tres años, suficientes para cubrir el abastecimiento requerido para la próxima década". Obviamente, este nuevo potencial no es suficiente para cubrir la futura demanda sino que debe entenderse adicional al potencial existente de 16.900 MW, más aproximadamente 17.000 MW de proyectos aprobados y sin construir desde 1994 a la fecha y 6.000 MW en evaluación ambiental (cifras según SEA, CNE y SIC ). Esto, sin considerar el aporte de las ERNC y la resultante de eficaces medidas de ahorro y eficiencia energética. Considerar estas cifras lleva a la conclusión de que proyectos tan conflictivos como Hidroaysén y otros no serían necesarios.
En otra parte de su intervención el Presidente sostiene que "hemos experimentado un creciente proceso de judicialización, que incluso ha paralizado proyectos que estaban aprobados por los organismos técnicos competentes". Hay que tener presente que los recursos judiciales, en especial en materia ambiental, son una vía de protección reconocida por nuestro sistema jurídico, tal como corroboró recientemente el Presidente de la Corte Suprema, Rubén Ballesteros.
Por último, no sólo proyectos se han paralizado por decisiones judiciales, sino debiera recordarse el famoso caso Barrancones.
Sergio Montenegro A.
Director
Centro de Derecho Ambiental
Universidad de Chile