El pasado jueves 2 de Junio se realizó la tercera sesión del Ciclo de Conversatorios “Diálogos para una nueva policía”, contando con la participación de tres destacadas panelistas: Magdalena Garcés, abogada de la Universidad de Chile y PhD de la Universidad de Salamanca, litigante en causas de víctimas de violaciones a los DD.HH. en dictadura y postidctadura; Camila Troncoso, abogada de la Universidad de Chile y magister en estudios de genero y cultura, socia fundadora de ABOFEM; y Svenska Arensburg, psicóloga de la Universidad Diego Portales y magister en sicología social y criminología de la Universidad de Barcelona.
La actividad fue presentada por Alejandra Mohor, miembro del Centro de Estudios de Seguridad Ciudadana del Instituto de Asuntos Públicos Uchile y moderada por el director(s) CDH Felipe Abbott, donde se formularon interrogantes sobre victimización por el actuar de agentes del Estado, justicia transicional, vulneraciones acaecidas con ocasión del Estallido Social, violencia sexual y las oportunidades que se abren con una Nueva Constitución.
Este ciclo es un diálogo abierto organizado por diversas universidades para generar una reflexión colectiva sobre una nueva policía para un Estado de Derecho que pone en el centro de su quehacer a los Derechos Humanos. Corresponde a una actividad articulada entre VioDemos, Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana de INAP U. de Chile, Centro de Derechos Humanos de la Fac. de Derecho U. de Chile, Universidad Católica de Temuco y el Núcleo Interdisciplinario de Derechos Humanos de la Universidad Andrés Bello (sede Viña del Mar).
La panelista Svenska Arensburg abrió la conversación señalando la importancia de un análisis multifactorial de la violencia social y estructural, y en ese sentido, como la función represiva y la cuestión policial como respuesta estatal tiene una particular condición respecto a la violencia. Para la académica, la refundación de los principios, formas y estructura policial es un objetivo prioritario con enfoque en un tránsito de la formación al entrenamiento interdisciplinario de las policías, en que el agente tenga una formación integral en materia de DD.HH., genero y cultura cívica, más allá del mero control de la seguridad pública.
A continuación, la abogada Magdalena Garcés explicó que la violencia policial ejercida tanto en dictadura como en las manifestaciones postdictadura no cuentan con un reconocimiento y reparación integral. Dentro de las soluciones planteadas a este problema, para la académica la refundación de las policías sujetas a control civil supone un punto relevante, en que además se permita la sindicalización policial, estimular el ingreso de mujeres y disidencias sexuales a la policía, todo con el objetivo de modificar la formación y la concepción de la estructura y función policial, haciéndola más cercana a la realidad cívica.
Respecto de las situaciones de violencia sexual, Camila Troncoso afirmó que las conductas de violencia sexual por parte de la policía existentes en dictadura tienen una continuidad postdictadura cuestión de la que se da cuenta en una serie de denuncias, especialmente de mujeres y personas pertenecientes a diversidades sexo-genéricas. La solución que plantea, además de la generación de nuevos protocolos específicos en materia de género, guarda relación con una formación y capacitación en materia de género que genere una real transformación en los procedimientos y formas de ejercicio de la labor policial y su relación con la ciudadanía.
Al finalizar, se subrayó que la necesidad de la eliminación del sesgo de “enemigos” en la relación cívico-policial es fundamental para el objetivo de transformación, promoviendo un cambio en la doctrina policial que elimine el sesgo hacia ciertos grupos y los manifestantes. Se hizo presente, además, la importancia de asegurar a nivel institucional, que las propias policías puedan contar con una protección efectiva en sus labores, evitando actos vulneratorios de sus derechos como funcionarios públicos.
Las expositoras concluyeron que la importancia de reconstruir las confianzas a partir de un nuevo modelo policial y un dialogo cívico-policial cumplen un factor esencial en la forma en que la función policial pueda ejercerse a futuro en el contexto de una sociedad democrática plena y una garantía efectiva de la protección de los Derechos Humanos de la población, en que el aporte ciudadano y comunitario, además de la posibilidad de acceder plenamente a la justicia en casos de vulneración con garantía de reparación efectiva tiene especial relevancia.