El pasado 20 de octubre, la investigadora Danielle Zaror fue invitada a comentar el primer estudio sobre "Transparencia Algorítmica en el Sector Público". Se trata de un estudio inédito realizado por el GobLab de la Universidad Adolfo Ibáñez y el Consejo para la Transparencia, en el que se solicitó la participación de todos los organismos públicos a los que se les aplica la ley de transparencia.
En la ocasión, investigadora del Centro de Estudios en Derecho Informático (CEDI) se refirió en primer lugar a las dificultades propias de los estudios empíricos, como, por ejemplo, lo difícil que resulta hacer indagaciones cuando ellas buscan investigar un fenómeno por primera vez; sobre todo en estudios que además desafían la metodología porque van a apareciendo cosas que no se han previsto en el diseño original. En este sentido, destacó también lo que significa este estudio: evidencia que permite tomar decisiones racionales.
Con respecto a la iniciativa, una de las primeras constataciones que llama la atención para Zaror es la fragmentación de la información, su dispersión o su explicación a alto nivel. Estos hallazgos son sin dudas un desafío de acceso a la información que queda abierto para que sean corregidos.
En la misma línea, la investigadora del CEDI resaltó el dato sobre los sectores en los que se aplican estos sistemas de decisión automatizados y la falta de información sobre los sistemas de seguridad o vigilancia.
Un aspecto esperable que revela este informe es el uso intensivo en materia de datos personales sensibles; este estudio viene a reafirmar la necesidad de implementar mecanismos robustos en materia de ciberseguridad en el Estado, otro más de los grandes asuntos pendientes en materia legislativa y administrativa.
Uno de los datos más impactantes, en opinión de la investigadora, es que el 76% de los sistemas de decisión automatizada estén destinados a implementar productos estratégicos; esto entrega luces acerca de la urgencia de generar algún tipo de directriz, porque ellos están impactando directamente en la vida de los ciudadanos.
Finalmente la investigadora relevó que este informe es posible porque en Chile existe una sólida institucionalidad y una agencia en materia de acceso a la información pública, de manera que la propuesta regulatoria que se entrega al final del texto está alineada con esta idea de ejercer las facultades que el Consejo tiene y que le permiten ejercer y copar el espacio vacío en materia de gobernanza de datos.