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Centro de Estudios en Derecho Informático participa en la consulta pública sobre la implementación de la Ley de Transformación Digital.

Hoy martes 3 de noviembre, el Centro de Estudios en Derecho Informático envió sus comentarios al documento elaborado por el Ministerio Secretaría General de la Presidencia relativo a la implementación de la Ley N° 21.180, de Transformación Digital del Estado, luego de un proceso de discusión colaborativa entre los académicos e investigadores del Centro.

El proceso de Transformación Digital del Estado comenzó con la promulgación de la Ley 21.180 el 11 de noviembre de 2019, busca transformar la forma en que los ciudadanos se relacionan con el Estado, a través de una serie de modificaciones a la ley de bases de los procedimientos administrativos, estableciendo como regla general que estos serán realizados por medios electrónicos.

Conforme al artículo cuarto de la Ley de Transformación Digital del Estado, dentro de un año de su promulgación deben dictarse sus reglamentos, ante lo cual el Ministerio de Secretaría General de la Presidencia abrió una consulta pública sobre un documento en el cual constan los lineamientos generales de los futuros reglamentos, en la cual el Centro expuso sus inquietudes.

Entre las materias identificadas por el Centro, se puede mencionar la necesidad de priorizar la implementación de la transformación digital en los servicios estatales más utilizados por los ciudadanos, la necesidad de establecer estándares elevados en materia de calidad y seguridad de las plataformas que implemente el Estado de manera central, como es el caso de Clave Única, así como la necesidad de que el sistema de expedientes digitales contemple posibilidades de etiquetado de documentos para cumplir de mejor manera las regulaciones de transparencia y de protección de datos personales.

También, en la respuesta a la consulta pública se manifestó la necesidad de discutir el modelo de autenticación de identidad de los usuarios de las plataformas del Estado, de manera de dar respuesta a casos como el de los procedimientos confidenciales de denuncia, el caso de la exclusión que sufren las personas migrantes que no han obtenido documentos de identificación.

Por otro lado, se aprovechó la instancia para solicitar que dentro de los estándares de calidad de las plataformas digitales del Estado se contemple el cumplimiento del principio de accesibilidad universal establecido por la Ley N° 20.422.

Finalmente, el Centro consideró que sería importante considerar el establecimiento de metas o incentivos transversales en el Estado, así como definir alguna institución que vele porque la implementación de la Ley y sus reglamentos a lo largo del tiempo se realice de manera adecuada.

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