James Anaya, Decano de la Universidad Colorado Boulder, dictó el pasado 23 de julio una conferencia magistral sobre Los derechos de los Pueblos Indígenas en Los Estados Unidos, como parte de una actividad académica organizada por la Dirección de Relaciones Internacionales. En la actividad también participó Manuela Cuvi, Oficial Jurista del Servicio de Derecho para el Desarrollo de la FAO; y Salvador Millaleo, investigador del Centro de Derechos Humanos y recientemente nombrado Consejero del Instituto Nacional de Derechos Humanos.
El Decano, quien en 2008 fue designado por las Naciones Unidas "Relator Especial Para la Situación de los Derechos y Libertades Fundamentales de los Pueblos Indígenas", se refirió en su exposición a varios casos emblemáticos sobre reclamos y compensaciones, que desde 1823 han dado paso a la afirmación de soberanía original indígena, bajo tutela de EE.UU. El académico explicó que ciertas leyes estatales no son aplicables sobre los pueblos indígenas, analizando la primacía de la jurisdicción federal en cuestiones indígenas, doctrina que se mantiene hasta la actualidad, ya que no se aplican leyes estatales en los territorios indígenas y hay una jurisdicción propia para los miembros de una tribu o pueblo indígena.
El Decano Anaya es licenciado por la Universidad de Nuevo México y doctorado por la Facultad de Derecho de la Universidad de Harvard, antes de dedicarse plenamente a la actividad universitaria, ejerció la abogacía en Albuquerque, Nuevo México, representando a pueblos indígenas y minorías étnicas. A su vez, ha trabajado como consultor para numerosas organizaciones y agencias de gobierno en varios países y ha representado a pueblos indígenas ante tribunales y organizaciones internacionales.
En su exposición, el conferencista explicó que a pesar de que la protección de sus derechos está basada en tratados históricos y su jurisprudencia mantiene sus raíces en la época colonial, el Decano Anaya advirtió que la soberanía indígena se encuentra subordinada al poder federal y hacen falta más garantías constitucionales. Asimismo, se refirió al Acta Dawes (The Dawes Act 1887), que resultó finalmente en la pérdida de la mayoría de la tierra indígena, así como sobre la promoción del autogobierno indígena por medio de modelos occidentales y el rol de la Comisión de Reclamos Indígenas (1946), entre otros.
Posteriormente fue el turno de la conferencia de Manuela Cuvi , Oficial Jurista del Servicio del Derecho para el Desarrollo (LEGN) de la Oficina Jurídica de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), quien además es Licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Chile y LL.M. en derecho internacional de la U. de Harvard. En su exposición, la abogada se refirió a los pueblos indígenas y la FAO, desde una mirada regional, desde la perspectiva de los objetivos del desarrollo sostenible y la Agenda 2030 de Naciones Unidas.
Perfilando el tema desde los objetivos estratégicos de la FAO, Cuvi apuntó a la importancia que los pueblos indígenas tienen para el desarrollo sostenible, siendo considerados los guardianes del 80% de la biodiversidad global, habitando en más de 90 países del mundo. "Sus sistemas alimentarios conjugan prácticas agrícolas, forestales, de caza, pesca, recolección y pastoreo, que constituyen paradigmas de sostenibilidad entre la producción y el consumo y el bienestar", indicó la Jurista.
Además, se refirió al reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas en diversos instrumentos internacionales, tales como el Convenio 169 de la OIT, el Convenio sobre la Diversidad Biológica (1993), el derecho a la consulta, además de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (2007), conviniendo que existe un estándar mínimo de derechos de los pueblos indígenas ampliamente reconocidos en el derecho internacional. Así, destacó refiriéndose a la Corte Interamericana de Derechos Humanos que, "la protección del derecho a la propiedad de los pueblos indígenas sobre sus territorios ancestrales es un asunto de especial importancia, porque su goce efectivo implica no sólo la protección de una unidad económica sino la protección de los derechos humanos de una colectividad que basa su desarrollo económico, social y cultural en la relación con la tierra".
Por último, en relación con los territorios indígenas y la industria extractiva, citando al Decano James Anaya, rescató su aporte como relator sobre "los acuerdos con los pueblos indígenas que permitan llevar a cabo proyectos extractivos en sus territorios deben basarse en el pleno respeto de sus derechos en relación con las tierras y los recursos afectados".