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Expertos abordan las interrogantes del proyecto que busca regular la administración del borde costero

Expertos abordan proyecto que busca regular el borde costero

Con ocasión del Proyecto de Ley relativo a la administración del borde costero y concesiones marítimas, que busca modificar la gestión del borde costero y la duración de las concesiones, el Centro de Derechos Humanos (CDH) organizó el pasado 18 de octubre un espacio académico donde diversos actores abordaron las interrogantes en torno a la iniciativa legal.

En colaboración con la Fundación Rompientes y la Federación de Pescadores Artesanales de la provincia de Cardenal Caro VI Región, el coloquio "El uso y manejo del borde costero: perspectivas desde las comunidades locales" analizó las implicancias jurídicas de la nueva regulación.

En un comienzo, Genaro Guerrero, de la Federación de Pescadores Artesanales de la provincia de Cardenal Caro, se refirió a la importancia que tiene para los pescadores el uso del borde costero y la larga trayectoria que han tenido los pescadores en la zona. Asimismo, criticó que este proyecto quita el uso público de las playas, pues con la nueva regulación podrán realizarse concesiones incluso de la playa misma.

Por su parte, Juan Esteban Buttazzoni, de la Fundación Rompientes, se refirió a la necesidad de una Gestión Integrada del Borde Costero (GIBC), pero junto a ello también puso en la palestra ciertas interrogantes que surgen del proyecto de ley, pues no solo existe la necesidad de incorporar definiciones y principios de GIBC, sino que también se requiere un mayor análisis a los criterios que tendría la Comisión Regional al revisar el otorgamiento de Conseciones marítimas (CCMM) cuando el uso que se solicita no sea de aquellos usos preferentes, en el proyecto de ley además se elimina cualquier referencia a usos excluyentes, por lo que ahora usos son solo "preferentes".

Por otro lado, Buttazzoni explicó que se resta influencia a la zonificación en relación a concesiones marítimas, siendo ahora meramente indicativa y se explicita que zonificación se subordina derechamente a instrumentos de la Ley General de Urbanismo y Construcciones (legislación vigente no dice nada al respecto). En su exposición también señaló ciertos desafíos e interrogantes, como que la zonificación del borde costero corresponde a una herramienta que busca responder al planeamiento integral de la zona costera, el cual bajo el actual Proyecto de Ley se subyuga a otros instrumentos de Planificación Territorial, poniendo énfasis en la necesidad de articular ambos instrumentos y entender la costa como una serie de Sistemas y Subsistemas costeros en pos de fomentar la integración.

Relación del borde costero con el código civil

El abogado experto en legislación de pesca, Gregorio Jusid Froimovich, realizó un análisis exhaustivo de cómo el código civil se relaciona con el borde costero, ya que éste establece, por un lado, como bienes públicos al mar y sus playas, pues su uso pertenece a todos los habitantes de la nación, y por otro, regula también la actividad propia de la pesca, por medio de la cual se adquiere el dominio de animales bravíos. Luego de esto, se discutió sobre la actividad pesquera misma, pues respecto de la administración pesquera existe una función estatal de conservar y explotar los recursos vivos de forma sustentable. Finalmente, se enfatizó que el acceso al mar es un derecho de todos los habitantes.

La última exposición estuvo a cargo de la profesora Nancy Yáñez, directora del Centro de Derechos Humanos, quien estableció la importancia de los derechos de los pescadores artesanales, al señalar que estos emanan del reconocimiento de que la pesca artesanal es una actividad tradicional que ha sido practicada por las comunidades de pescadores desde tiempos inmemoriales, quienes han ocupado determinados espacios marítimos y terrestres, desarrollando un sistema de vidas y costumbres vinculada a la extracción y comercialización de recursos del mar.

Así, analizó la protección de los pescadores desde la perspectiva internacional, señalando que existen diversos instrumentos internacionales que han establecido normas de protección para el sector pesquero artesanal, entre ellos, la Agenda 21, documento que constata la importancia de los diversos y productivos ecosistemas existentes en la zona costera para los asentamientos humanos, el desarrollo y la subsistencia local, reconociendo expresamente que los recursos costeros son vitales para muchas comunidades locales y poblaciones indígenas. Finalmente, la docente advirtió que la situación de la pesca artesanal en Chile requiere de una acción afirmativa del Gobierno, destinada a sustentar esta actividad tradicional, lo que también exige asumir las responsabilidades legales por la pérdida de derechos tradicionales reemplazados por un régimen de asignación de cuotas individuales de extracción, la disminución del territorio de uso y aprovechamiento tradicional de la pesca artesanal y la disposición de estos recursos a favor del sector industrial, en condiciones que ha permitido la sobreexplotación de los recursos por deficiencias regulatorias.