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Nueva ley de estacionamientos: Visiones sobre el impacto para los consumidores y la libre competencia

Ley de Estacionamientos: impacto para consumidores y libre competencia

Diversos académicos y estudiantes de la Facultad se reunieron el pasado 14 de junio para comentar las implicancias y alcances de la promulgación de la Ley N° 20.967, relacionada al cobro por uso de estacionamiento, desde dos ópticas: Libre competencia y Regulación y Derecho Privado.

La actividad, organizada por el Centro de Regulación y Competencia (RegCom) y el Departamento de Derecho Privado, permitió tener una visión académica sobre la polémica ley, aportando luces que conduzcan a una correcta aplicación de la normativa.

Así, los académicos del RegCom analizaron desde una perspectiva regulatoria los alcances de esta ley. El director del centro, Nicolás Rojas Covarrubias, entregó una visión crítica con respecto a los efectos en materia regulatoria y de libre competencia que tiene la ley dentro de su mercado. Por otro lado, el investigador José Miguel Valdivia, aportó una visión, desde el punto de vista del Derecho Administrativo, sobre la naturaleza de los estacionamientos, su administración y regulación.

El análisis desde el Derecho Privado estuvo a cargo de los académicos Gabriel Hernández Paulsen y Mauricio Tapia Rodríguez, los cuales realizaron sus ponencias desde una perspectiva del Derecho del Consumidor y de la Responsabilidad civil respectivamente.

El profesor Hernández se refirió a los estacionamientos como servicios accesorios de centros comerciales y también como negocios autónomos, acompañando una contundente jurisprudencia. Por otra parte, el profesor Tapia apuntó a la modificación que sufrió la ley sobre protección de los derechos de los consumidores, específicamente el artículo 15 A, el cual versa sobre la responsabilidad civil de los proveedores que ofrezcan servicios de estacionamiento.

La nueva Ley de Estacionamientos comenzó a regir el pasado mes de febrero y ha traído consigo una serie de críticas, las que apuntan principalmente al no cumplimiento en los cobros por tramos y el incremento injustificado en los precios del servicio.