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Ley antiterrorista y conflicto Mapuche: Académicos detectan falencias en legislación chilena

Ley antiterrorista y conflicto Mapuche: Académicos detectan falencias

Académicos, estudiantes y representantes de los pueblos originarios participaron en el seminario "Miradas a la aplicación de la Ley antiterrorista a los mapuche", realizada el pasado 7 de junio. En la misma, los expositores revisaron la aplicabilidad, utilidad y falencias de la legislación antiterrorista en el conflicto mapuche, en medio del debate público sobre la calificación jurídica de hechos de violencia ocurridos en el sur del país.

El espacio, organizado por el Centro de Derechos Humanos (CDH), contó con la participación de los profesores Salvador Millaleo (Centro de Estudios en Derecho Informático), Myrna Villegas (directora del CDH) y Juan Pablo Mañalich (Departamento de Ciencias Penales), además del director del Centro de Estudios Mapuche Rümtum, José Marimán.

Entre las cuestiones que se discutieron, estuvo la aplicación selectiva que se ha hecho de la ley antiterrorista a personas de origen mapuche, especialmente a sus autoridades ancestrales y dirigencias; el uso de la legislación antiterrorista como herramienta en manos del órgano persecutor, dada la flexibilidad en las facultades investigativas que otorga esta ley, a través de la restricción de garantías constitucionales.

En este punto del debate, se ejemplificó con la medida cautelar de prisión preventiva, la cual, a juicio de los académicos, se ha ido transformando en una pena anticipada, dado que todos los mapuche presos preventivos fueron posteriormente absueltos, o condenados por delitos comunes.

Según el panel de discusión, la legislación chilena muestra claras falencias en la tipificación del terrorismo, ya que es un tipo penal abierto y con una formulación psicologizante, que carece del elemento organizativo propio del terrorismo.

Finalmente, se propuso que, en orden a tratar de resolver este conflicto entre el Estado y el pueblo mapuche, se acuda a los mecanismos que proporciona la Justicia Transicional, entendido como la adopción de una serie de medidas judiciales, pero también políticas que se utilizan para reparar violaciones masivas a derechos humanos. En este sentido, se planteó también la idea de una Comisión de Verdad que investigue a cabalidad un conflicto que se ha extendido por años.