En sesión plenaria realizada el pasado 29 de diciembre de 2016, el Senado Universitario de la Universidad de Chile aprobó con una mayoría de 26 senadores, la propuesta de creación del Defensor de la Comunidad Universitaria, propuesta que fue presentada el 2014 por el senador de la Facultad de Derecho, profesor Eric Eduardo Palma.
La moción aprobada implicará la creación de un órgano encargado de velar por el respecto a los derechos y libertades de los integrantes de la comunidad que estén garantizados en la normativa interna aplicable a la Universidad de Chile. Según indica la propuesta, los defendidos podrán presentar consultas, quejas, solicitudes de mediación y solicitudes de defensa, según sea el caso.
Asimismo, el (la) defensor (a) deberá ser profesor (a) titular, ejercerá su tarea con total autonomía y tendrá a su cargo la dirección de una oficina de Mediación y otra de Defensoría, propiamente tal.
En el momento de la discusión en la plenaria, los Senadores destacaron fuertemente la creación de la Defensoría, similar al Ombudsman, que por ejemplo en la Universidad Autónoma de México (Unam), desde 1985 se dedica a defender a estudiantes, funcionarios o académicos cuando sus derechos son pasados a llevar por autoridades o pares.
Para el profesor Palma uno de los creadores del proyecto, "el Defensor Universitario de la Universidad de Chile se transformará en un asunto de naturaleza nacional". "Sin lugar a dudas va a ayudar a cautelar la ciudadanía universitaria, la va a promover y va a dar una señal muy potente respecto a lo relevante que puede ser un órgano triestamental con las características de este Senado", añadió el académico adscrito al Departamento de Ciencias del Derecho.
Las etapas del proyecto
Dado que el Estatuto de la Universidad de Chile es una Ley de la República, la incorporación de la Defensoría de la Comunidad Universitaria deberá cumplir un largo itinerario para su puesta en marcha. El proyecto aprobado por el Senado ha sido enviado a la Rectoría, donde el Rector Ennio Vivaldi deberá dictar el decreto y, posteriormente, enviar los antecedentes a la Presidencia de la República.
Luego, la máxima autoridad del país podrá: a) enviar al Congreso Nacional un proyecto de ley para que sea discutido por éste, o b) presentar un proyecto de ley delegatoria para que así el Congreso le entregue la potestad de dictar un Decreto con Fuerza de Ley que modifique el Estatuto de la Universidad de Chile.
Cabe recordar que el actual Estatuto (vigente desde el año 2006) comenzó a gestarse tras movilizaciones ocurridas en mayo y junio de 1997 y, tras un largo proceso, vino a transformar la versión original -que databa de 1981- a la actual normativa, vigente desde hace más de 10 años.