Durante dos días, académicos universitarios y expertos de distintas organizaciones de la sociedad civil se reunieron en la Facultad para analizar la respuesta jurídica frente a los riesgos propios de los accidentes de tránsito y cómo utilizar el derecho penal frente a esta problemática.
El seminario “Derecho Penal y Tráfico Vehicular”, organizado por la Dirección de Extensión de la Facultad, el Departamento de Ciencias Penales y la Fiscalía de Chile, contó con la inauguración del Fiscal Nacional Jorge Abbott y el Decano Davor Harasic, quienes resaltaron la complejidad de un problema cada vez más común, considerando el crecimiento que ha tenido el parque vehicular en los últimos años.
CASO TUR-BUS
El Fiscal Abbott destacó como la actividad, realizada el pasado 24 y 25 de mayo, surgió por una suspensión condicional de un procedimiento penal, propuesta por el Ministerio Público, la que fue aceptada por los imputados de la empresa de transportes de pasajeros Turbus, a raíz del accidente ocurrido en la Autopista del Sol en noviembre del año 2010 y que provocó 20 fallecidos.
La investigación de este caso "fue bastante compleja", reconoció el Fiscal Nacional, al precisar que existieron "dificultades del punto de vista legal al momento de atribuir responsabilidad a las personas que se ven involucradas en accidentes de tráfico".
De todos modos, el Fiscal Abbott subrayó que “nos alegra que este seminario haya sido producto de la solución de un conflicto legal. Muchas veces este tipo de soluciones buscan sanción o reproche, y no generan mayor valor a la comunidad y a los propios intervinientes y afectados”.
Por su parte, el Decano Davor Harasic recordó cómo “la introducción masiva del automóvil significó una radical transformación de la vida en la ciudad”, sobre todo en el Siglo XX, cuando las calles pasaron de ser “espacios públicos diseñados para caminar” a convertirse en “espacios de peligro para quienes interactúan en el mismo, tanto peatones totalmente desprotegidos como automovilistas”.
El Decano Harasic subrayó que el tráfico vehicular “involucra riesgos de la mayor gravedad para bienes jurídicos que son fundamentales” y que “muchos accidentes son el resultado de una combinación de descuidos y elementos contextuales y suelen implicar a muchas víctimas a la vez”.
En esta línea, se refirió a la llamada “Ley Emilia”, promulgada en 2014, de la cual dijo que “esta nueva respuesta penal levanta importantes dudas sobre cómo enfrentar los riesgos propios de los accidentes de tránsito y cómo utilizar el derecho penal para abordar problemas sociales. Si bien los hechos respecto de los cuales reaccionó la Ley Emilia son sumamente graves, llama la atención, sobre todo, la desproporción que existe entre las penas de esta ley y el resto del ordenamiento jurídico penal”.
RELEVANCIA
Al momento de analizar el tema central del seminario, el director del Departamento de Ciencias Penales, Gonzalo Medina, aseguró que “el problema del tráfico rodado constituye uno de los desafíos de la regulación penal moderna más significativo. Si bien es un tema alejado de la mano de la dogmática penal durante mucho tiempo, poco considerado como un tema relevante, la verdad es que la complejización del fenómeno del tráfico en la actualidad sin duda constituye una de las fuentes de peligro más significativo frente a las cuales el derecho penal debe reaccionar”.
Algunos de los temas abordados fueron los aspectos criminológicos en el tratamiento de la delincuencia relacionada con el tránsito rodado y los problemas relativos a los delitos con resultado de muerte o lesiones en el tráfico rodado, a la luz de la legislación reciente. También se analizó la imputación a empresarios y personas jurídicas por delitos en el tráfico rodado, panel en el que participó Iñigo Ortiz de Urbina, académico de la Universidad Complutense de Madrid, junto a Héctor Hernández, profesor de la Universidad Diego Portales.
En el seminario participaron a la vez académicos de la Universidad de Chile, de la Universidad de Valparaíso, de la Universidad de Antofagasta, y la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Además, intervinieron expertos de la Fundación Paz Ciudadana, del Ministerio de Justicia, del Fiscalía Nacional, de la Subsecretaría de Transportes y de la Comisión Nacional de Seguridad de Tránsito (Conaset).