"Valentín Letelier (1852-1919): los pobres ante la política y el derecho" - Eric Palma

En un día como hoy, hace 100 años, dejó de existir en la ciudad de Santiago don Valentín Letelier Madariaga, destacado profesor, abogado, político y académico. Rememorar su persona y su obra implica, desde luego, asumir que su accionar tuvo un profundo significado para sus contemporáneos y lo tiene para el tiempo presente.

Con su muerte se inició el camino ya centenario de la proyección de sus ideas en los campos de la academia y de la actividad partidaria. Don Valentín fue un reformista de calado profundo. Lo suyo no fue cuestión de maquillaje o de arreglo de apariencias. Impulsó la adopción de nuevas miradas que significaron revisar lo que se venía haciendo y en algunos casos el surgimiento de algo nuevo. Dentro de lo nuevo, desde la perspectiva de Chile, impulsó los estudios sociológicos y de historia del Derecho. Propuso reformar el quehacer historiográfico, la educación escolar y la formación universitaria.

En política adhirió a la causa del radicalismo e introdujo el compromiso social como nota de identidad del partido. En confrontación con los avances del Partido Democrático y los movimientos obreros que fomentaban la lucha de clases, reclamó a los dirigentes y militantes conducir la causa de la reforma del Derecho a partir de una política renovada que sumaba al eje de la reforma política el de la cuestión social.

Consideraba ilegítima toda acción política que avalara la violencia: “… un partido pierde su derecho a gobernar si declara la guerra a cualquier clase social”.

Señalaba en 1896 a propósito del surgimiento de partidos obreros: “No queramos eludir responsabilidades. El aparecimiento de todo nuevo partido envuelve una acusación contra los partidos existentes en cuanto significa que ellos han dejado sin atención algunos intereses, sin curación algunos males, sin satisfacción algunas necesidades. Indagar las causas del nacimiento de un nuevo partido es en substancia formar el proceso de los antiguos, y cuando un partido antiguo hace este estudio, en realidad hace un examen de conciencia”.

Realizó Letelier una operación de vinculación de la necesidad de la reforma de la acción política, en atención al problema obrero, con la tradición jurídica romanista. Sostuvo que el Derecho Romano, que se recogía en los códigos vigentes, contenía una perspectiva unilateral de la relación de trabajo. Solo atendía a los intereses de los propietarios porque en el Imperio romano los trabajadores eran mayoritariamente esclavos. Propuso entonces renovar “el concepto de Derecho” que entendía atado a los intereses de lo que identificaba como elite burguesa. Los desarrapados, decía, en su trabajo de 1896, no gozan de las libertades de los códigos, ni de la igualdad formal en ellos consagrada. “…no hay igualdad entre los contratantes y la libertad de derecho no se traduce en libertad de hecho porque el uno obra por un hambre que no admite espera, y el otro se siente árbitro de una situación que no desmejora sensiblemente por la tardanza”.

Los grandes avances del derecho público del siglo XVIII y XIX, afirmaba, siendo valiosos por lo que significaron de ruptura con el pasado, son a fin de cuentas arreglos en favor de quienes han ejercido el poder político para construir un orden liberal burgués. No se trata de rechazar estos avances, sino, de precisar en favor de quiénes están hechos y con descuido de qué clase social. El libre cambio y el individualismo han obstaculizado ocuparse de los pobres.

Y lo que se dice del Derecho Civil, añadía, cabe extenderlo a todas las ramas del Derecho. Han surgido derechos y se han garantizado libertades, pero, “creando instituciones que a la sombra de la igualdad jurídica, fomentan la desigualdad social, porque mejoran la condición de los ricos y empeoran la de los pobres”.

Reclama entonces mirar hacia el “derecho social, que es el derecho humano por excelencia”, y no aplicar al orden social la “ley materialista de la selección de las especies, propia del orden biológico”, que sólo justifica una mantención del actual orden de cosas. Esto implica acción política estatal generadora de progreso. El Estado no se agota en mera administración del orden.

Un nuevo Estado supone también nuevos actores, los pobres. Denuncia entonces que la regulación del funcionario público y de las tareas legislativas, no favorece la participación popular, por el contrario, la obstaculiza. Señala, a vía de ejemplo, la gratuidad del cargo parlamentario: impide que los hombres que viven de su trabajo puedan legislar a menos “se avengan a vivir de limosna o a morir de hambre”.

A cien años de la muerte de Letelier, sigue teniendo vigencia su denuncia del libre cambio y del individualismo. Mantiene su potencialidad y su sentido de urgencia, la vinculación entre política, reforma y nuevo orden jurídico como una triada imbatible para enfrentar la cuestión de los pobres velando por su protagonismo político democrático.

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