"Una discusión en serio" - Álvaro Castro

El caso de Ámbar ha puesto en el debate público el tema de la libertad condicional abriendo un espacio para discutir en serio en torno a los puntos débiles de la institución.  Lo que urge revisar gira en torno a tres cuestiones: 

La primera, la pertinencia de que sea una comisión de jueces la que decida las solicitudes de libertad condicional. La experiencia comparada nos indica que los jueces de ejecución son los idóneos para resolver este tipo de casos. La segunda cuestión relevante, es cómo mejorar la calidad de la información que servirá a los jueces para tomar su decisión. Aquí hay dos dimensiones; por un lado, mejorar la calidad de los informes psicosociales elaborados por Gendarmería, lo que obligaría a aumentar la dotación del equipo técnico para que realistamente cubran la carga de trabajo y perfeccionar los instrumentos que miden la reincidencia. Y por otro, que los jueces de ejecución decidan en una audiencia pública con lógicas acusatorias, por lo menos para los casos más graves donde se exige los 2/3 de la pena, con la participación del defensor, el equipo técnico de Genchi y un representante de la víctima. El cruce de la información permite a los jueces testear la calidad de la misma y minimizar los errores. 

Finalmente, hay que poner atención en el acompañamiento de los libertos. Aquí hay tres aspectos, una dotación adecuada de delegados; una red de agencias sociales que cubran, en los primeros meses en libertad, las necesidades básicas de los expresos; y un fluido contacto con los jueces de ejecución para activar las alarmas en los casos de incumplimiento de las condiciones a las que están sometidos. Como se aprecia, el desafío es enorme y el debate debería abrirse a la evidencia científica disponible y las experiencias comparadas que contribuyan al mejor funcionamiento del sistema.

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