"Legisladores y el TC" - Agustín Barroilhet

La desesperación de algunos congresistas con los fallos del Tribunal Constitucional (TC) es comprensible. El TC anula artículos desconociendo los acuerdos que se reflejan en la integridad del texto de un proyecto de ley. En el mundo del twitter y del inmediatismo, el TC se queda ostensiblemente con la última palabra en proyectos claves para los electores disminuyendo el valor de las promesas electorales. Incrementando la desesperación, los ministros del TC deciden aspectos críticos de las leyes sin pagar ninguno de los costos que pagan los políticos por tener ese derecho. Y, sin embargo, la existencia misma del TC tiende a beneficiar estructuralmente en el largo plazo a los todos los congresistas. Es bueno recordar algunos de estos beneficios en momentos en que el TC está tan abiertamente cuestionado.

De partida, el TC defiende a los congresistas de las “ventas atadas” que el ejecutivo colegislador impone y que afectan la separación de poderes. En una típica venta atada el ejecutivo propone mayor poder para agencias ejecutivas junto con incrementar o hacer más viables derechos de los ciudadanos. Normalmente el Congreso puede aceptar los derechos y rechazar la agencia o aumentar los poderes de la agencia sin aumentar los derechos. Pero en períodos de elecciones ningún candidato a la reelección puede darse el lujo de estar en apariencia votando contra los ciudadanos y el ejecutivo aprovecha esa debilidad para pasar ventas atadas. En casos como éstos, cuando el TC protege la separación de poderes, funciona como un seguro del Congreso contra un ejecutivo colegislador agresivo.

El TC también defiende a los congresistas de malos acuerdos empujados por el ejecutivo que, en busca de mostrar resultados, sacan del Congreso la deliberación de materias complejas pero políticamente contingentes. Es normal que los acuerdos en el Congreso sean incompletos y se deleguen en el ejecutivo la determinación de detalles. Pero a veces, cuando el Congreso está fragmentado es tan difícil llegar a acuerdo que el ímpetu del ejecutivo termina en delegaciones excesivas – en la elección del agente pero no de cómo debe resolver– lo que deja la determinación del resultado en agencias ejecutivas. En estos casos, cuando el TC evita una delegación excesiva, funciona como una máquina del tiempo que le permite al congreso y a futuros congresos seguir decidiendo.

Finalmente, el TC es un buen defensor de congresistas, al menos de la mayoría de ellos, cuando el ejecutivo y legislativo tienen signos políticos opuestos, y el ejecutivo que debe encargarse de ejecución ciertas leyes que van en contra de su ideología o quiere gobernar materias de ley por decreto. Muchas veces el real impacto de una ley se decide en los detalles. Si ya ha operado una delegación o el ejecutivo quiere decretar los detalles, el TC es la vía institucional para resguardar que las leyes y las materias que se han reservado al Congreso se ejecuten en el espíritu de la constitución.

Estando en una situación de gobierno divido, con un congreso fragmentado y con un ejecutivo colegislador poderoso que recibió muchas delegaciones amplias que se hicieron en el gobierno anterior, es probable que muchos de los que hoy se encuentra atrapados en la contingencia, encuentren mañana que el TC es muy útil para sus pretensiones.

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