"Las prioridades del Ministerio de Justicia: ¿notarios o Reforma Procesal Civil?" - Matías Insunza
El interés del Ministerio de Justicia de aumentar significativamente el número de notarios, conservadores y archiveros ha producido polémica, generando diversas críticas, pues no existen antecedentes técnicos que justifiquen el aumento de los mismos.
Resulta sorprendente que esa sea actualmente la prioridad del Ministerio de Justicia, postergando temas relevantes y trascendentes, como son, entre otros, la reforma al sistema de justicia civil.
El año 2004, bajo el gobierno del presidente Lagos, se inició la reforma del proceso civil al suscribirse, entre el Ministerio de Justicia y la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, un convenio para la elaboración de la propuesta de bases para la redacción de un nuevo Código Procesal Civil para Chile, el cual fue entregado al gobierno el año 2005.
Dicho texto sirvió de base para que –durante los siguientes cinco años– sesionara de manera periódica el Foro Procesal Civil, interviniendo activamente destacados procesalistas de las más prestigiosas universidades del país, expertos extranjeros, miembros del Poder Judicial, Colegio de Abogados, entre otros. Fue así como, en el mes de mayo del año 2009, durante el primer gobierno de la presidenta Bachelet, se presentó al Congreso Nacional el Proyecto de Ley de un nuevo Código Procesal Civil (Mensaje Nº398-357).
Posteriormente, al poco tiempo de iniciado el gobierno del presidente Piñera, el Ministerio de Justicia conformó una comisión interministerial y un consejo asesor cuyo objetivo fue la revisión y consolidación del proyecto presentado por la presidenta Bachelet. Luego de un riguroso análisis, en el cual intervinieron diversos académicos y miembros del Poder Judicial, con fecha 12 de marzo de 2012 se ingresó a la Honorable Cámara de Diputados del Congreso Nacional el Mensaje Nº004-360 con un nuevo proyecto de ley para la elaboración de un Código Procesal Civil.
Después de dos años de tramitación, la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia de la Honorable Cámara de Diputados despachó el proyecto del nuevo Código Procesal Civil, siendo aprobado por una amplia mayoría en la Cámara Baja en marzo de 2014, pasando al Senado para su último trámite legislativo.
No obstante ser parte del programa de gobierno de la Presidenta Bachelet, sorprendentemente –al iniciar su nuevo período– se optó por paralizar el proyecto, comprometiéndose el Ministerio de Justicia a realizar los análisis pertinentes para reimpulsar la tramitación legislativa, cuestión que nunca ocurrió.
Recordemos que en Chile un juicio ordinario civil demora varios años, sin tomar en cuenta que los procedimientos ejecutivos acaparan más del 90% de las causas en Santiago, lo que deja al descubierto la falta de sintonía entre la justicia civil y los avances económicos y sociales que ha experimentado nuestro país.
Todos los académicos especialistas en la materia, jueces y abogados coinciden en que el actual Código Procesal Civil –vigente desde principios del siglo XX– debe ser sustituido, y no simplemente modificado. Ese consenso técnico se encuentra respaldado por todos los sectores políticos, quienes también coinciden en la necesidad de la reforma.
Han pasado más de diez años desde que comenzaron los vientos de cambio del sistema procesal civil y, lamentablemente, deberemos seguir esperando el arribo de esta reforma que Chile requiere con urgencia, ya que los intereses actuales son otros.
Claramente hay un problema de prioridades en el Ministerio de Justicia, pues privilegiar el aumento de notarios, conservadores y archiveros sin un análisis técnico que lo justifique, por sobre otras reformas urgentes, como lo es el reemplazo del Código de Procedimiento Civil de 1903 respecto del cual sí existe acuerdo especializado y unánime, resulta incomprensible, grave e inquietante.
Esperemos que el próximo gobierno regrese a la lógica de privilegiar lo urgente por sobre lo innecesario.