"La integración no es el problema" - Eduardo Morales

En una discusión que no parece terminar, un grupo de parlamentarios se opone a la “integración” que contiene el proyecto de Reforma Tributaria -otra reforma que vemos con cada gobierno-, integración que se convirtió de la noche a la mañana en “el corazón de la reforma”, a tal punto que sin ella no hay reforma, según algunos personeros oficialistas.

Hoy tenemos un sistema total y otro parcialmente integrado, que tanto gobierno como la que era oposición acordaron mayoritariamente en el año 2014, en la Ley Nº 20.780.

Con integración, el impuesto que paga una empresa rebaja total o parcialmente el impuesto personal que el dueño de la empresa tiene que pagar por esa misma renta.

El conflicto no está en la integración, sino en el diferimiento del impuesto personal. Que los dueños paguen cuando retiran utilidades y no cuando ellas se generan, con el 100% del crédito, es considerado por algunos como un retroceso y una medida que atenta contra la igualdad contributiva. Para otros, no aceptarlo es un atentado contra el crecimiento.

Pero, ¿a quién favorece la “integración” y la postergación de los impuestos? Directamente a los propietarios de las empresas. En esto radica la aparente impopularidad del proyecto, que beneficia a pocos, sin que ello signifique necesariamente perjudicar al resto.

Integrar y postergar el pago de los impuestos pasa a convertirse en un mecanismo doblemente discriminatorio. Por una parte, los trabajadores no pueden arbitrar el pago de sus impuestos y, por otra, no pagan impuestos por renta.

Renta, simplemente, es el resultado positivo de restar los ingresos de los gastos dentro de un período determinado. Este resultado solo aparece en las empresas y no se extiende a las personas naturales que no desarrollan actividades empresariales.

Los trabajadores dependientes pagan impuestos por la totalidad de sus ingresos, sin rebajas significativas, salvo los descuentos destinados a pensiones y salud. Los descuentos no consideran gastos de alimentación, de vestuario, de educación, de salud adicionales, de transporte, etc. Chile es un país caro.

No niego los incentivos al ahorro, pero se parte de un supuesto erróneo, que todos pueden ahorrar en circunstancias que existe un fuerte y constante endeudamiento, no para el consumo superfluo, sino que para la mantención.

De ahí que la reforma propuesta sea, al menos, impopular, porque ella no produce ningún beneficio directo y tangible a otros contribuyentes, quienes no se benefician con el éxito legítimo de otros y tampoco con la mayor recaudación que pudiera obtener el Estado.

Una reforma audaz debe considerar los gastos de vida como una rebaja para quienes, con sacrificios económicos, no pueden acceder a los beneficios que, en abstracto, parecen favorecer a unos pocos.

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