"Aula Segura" - Fernando Atria

El Gobierno ha presentado recientemente un proyecto de ley denominado "Aula Segura", que tiene por objeto acelerar los procesos de expulsión de estudiantes frente a situaciones severas de violencia escolar. Un examen atento del contenido de ese proyecto demuestra que su sentido está más en el esfuerzo del Ejecutivo por mostrarse "duro" frente a graves -aunque excepcionales- hechos recientes de violencia en algunos establecimientos que en un intento de dar a ese problema una regulación legal efectiva.

En efecto, el proyecto, además de desconocer la preexistencia de herramientas normativas que ya permiten abordar estos casos (mejoradas en el contexto de la Ley de Inclusión), carece de una visión propiamente educativa y sistémica (indispensable para este tipo de problemáticas), y crea algo que llama "procedimiento" de aplicación de la sanción de expulsión, consistente en la notificación de la decisión sancionatoria. Esto último constituye una infracción tan evidente como es posible concebir del contenido mínimo del debido proceso: la idea de que el proceso sea "previo". Por estas razones, hoy gran parte del sistema educativo duda del sentido y utilidad real de "Aula Segura".

Pero el problema de la violencia en las comunidades escolares es real y debe ser atendido. Su discusión seria será imposible, sin embargo, mientras la finalidad principal del Gobierno sea comunicacional o de propaganda. Si resulta ser capaz de abandonar esa finalidad, el debate actual podrá transformarse en una oportunidad para construir -en el marco de una discusión nacional cuyos protagonistas sean las comunidades educativas- una política de largo plazo, que contemple medidas legislativas y administrativas, pero que enfrente integralmente y sin simplificaciones el reto de mejorar la convivencia escolar en nuestro país.

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