"Para una mejor regulación eléctrica" - Diego Pardow

Recientemente, un grupo de alcaldes anunció que dejaría de comprar a Enel el suministro eléctrico para el alumbrado público y los edificios municipales de sus comunas. Muchas industrias medianas, así como recintos comerciales y proyectos inmobiliarios de mayor tamaño, han seguido un camino similar, todos con bastante éxito. La idea es negociar una tarifa privada para el suministro eléctrico, típicamente a través de una licitación donde participan directamente las empresas de generación.

En contraste, los clientes que le compran a la empresa de distribución eléctrica deben pagar una tarifa regulada, donde el precio es determinado a través de licitaciones públicas supervisadas por la autoridad. En términos generales, las licitaciones de los últimos años han sido exitosas, consiguiendo rebajas significativas en el precio de la electricidad y gatillando una explosión en la generación a través de tecnología solar, eólica y otras renovables. El problema es que, debido al diseño de la regulación, faltan varios años para que esos precios se vean plenamente reflejados en la tarifa regulada. Así, el precio al que compran los clientes libres hoy es mucho más barato que el que pagan los clientes regulados.

De acuerdo con nuestra legislación, cualquiera que tenga una potencia conectada superior a 500 kW puede migrar hacia el sistema de clientes libres. Históricamente, sin embargo, la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) aplica un criterio físico que exige que esa potencia corresponda a una misma instalación. En la práctica, ello genera que solo empresas y reparticiones públicas puedan migrar hacia el sistema de clientes libres. Por el contrario, en muchas partes del mundo prima un criterio comercial, donde es posible alcanzar el referido umbral agregando la demanda de muchos consumidores residenciales. En la ciudad de Londres, sin ir más lejos, una aplicación para teléfonos móviles permite realizar esta tarea. De manera similar a la reciente iniciativa de estas municipalidades, la aplicación facilita la coordinación de distintos clientes residenciales y negociar conjuntamente el suministro de la electricidad.

A finales del año pasado, el experto internacional Michael Pollitt visitó nuestro país y recomendó bajar este umbral de 500 kW para fomentar la migración a sistema de clientes libres. Ahora bien, cambiar el criterio físico con que se calcula este umbral por uno comercial tendría un efecto similar. La principal ventaja es que solo requiere que la SEC cambie administrativamente sus criterios, sin necesidad de modificar la ley.

En un momento en que la ciudadanía se muestra particularmente descontenta con nuestro sistema tarifario, la SEC tiene una gran oportunidad para introducir mayor competencia y empujar nuestra regulación en el sentido de las mejores prácticas internacionales. De ellos depende.

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