Columnas de opinión

"Práctica policial en La Araucanía"
Myrna Villegas

La muerte de Camilo Catrillanca es la punta del iceberg de una política criminal discriminatoria que el Estado ha venido aplicando en la zona para enfrentar un conflicto cuya solución es política. ¿En qué otra parte del país ingresa un Comando Jungla antiterrorista para recuperar vehículos robados?

Es la misma política antiterrorista que se ha venido implementando desde el conflicto Ralco en adelante, que muestra períodos de alta tensión, en los que la ley de conductas terroristas se aplica como prima ratio, y periodos de baja tensión, en los que se incrementa la aplicación de la legislación penal ordinaria. Discriminar, según señala la Corte Interamericana de DD.HH, es tratar con hostilidad al otro, especialmente a quienes se encuentran dentro de los criterios prohibidos de discriminación. Y el origen étnico es uno de ellos.

No existe una justificación objetiva y razonable para mantener un comando militarizado en la zona, pues no hay “una relación razonable de proporcionalidad entre los medios utilizados y el fin perseguido” (CIDH). La muerte del joven Catrillanca se suma a esta política criminal cívico – militar de la guerra, que ha ido cobrando vidas a goteras, y en forma cada vez más brutal, pues la sola posibilidad de que un comando militarizado pueda disparar contra civiles desarmados, montados en un tractor, no puede ser sino brutal y desproporcionado.

Y así lo percibió la ciudadanía al expresarse en diferentes puntos del país, lo que demuestra que el interés por este conflicto ha superado las fronteras del Bíobío, y que se trata de una cuestión de Estado, a la cual las autoridades de todos los poderes del Estado deben hacer frente con criterios políticos y no militares o policiales.

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Columna en La Tercera
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