Opinión

"Fútbol, Autonomía y Libre Competencia"
Ezio Costa

Columna de opinión escrita por Ezio Costa, abogado, Master en Regulación e Investigador del Centro de Regulación y Competencia (RegCom).

Recientemente, el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC), ha dictado una medida cautelar que ordena a la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) a permitir al Club Deportivo Barnechea S.A.D.P. (En adelante Barnechea), participar del torneo de Primera B del fútbol profesional chileno, así como le prohíbe cobrar a este último la cuota de incorporación al torneo, ascendiente en el caso a 50.000 UF. La decisión del TDLC toma como base la información que es acompañada por Barnechea, en la que se señala, entre otras cosas, que el cobro es discriminatorio en su contra (se habría impuesto un monto mayor que a otros clubes); que la propia ANFP adeuda el mismo monto a favor del club, luego de su descenso a Segunda División; y que la imposibilidad de pago estuvo mediada por una supuesta negligencia de la ANFP. Más allá de las razones específicas del demandante en este caso, cabe hacer un análisis sobre el panorama general al que se enfrentan las partes.

La estrategia de Barnechea es la última ratio de un club asociado a la ANFP, pues arriesga ser desafiliado por intentar una vía judicial externa a las que los propios estatutos y reglamentos de la ANFP permiten. Es por ello que las vías judiciales externas se han reservado en general solo a problemas en que está en juego la existencia misma de un club, pues en esos casos el costo alternativo de no litigar es igualmente grande. En este sentido, la disposición más controvertida por los clubes ha sido precisamente esa necesidad de pago al ascender de segunda división profesional, a Primera B.

El propio escrito de Barnechea ante el TDLC da cuenta de esto. Es decir, que ya ha sido litigado el asunto a través de Recursos de Protección, por parte del mismo club, y luego por parte de Deportes Valdivia. Las razones son más o menos claras y el hecho de que se haya litigado por este asunto es relativamente previsible. Lo que se ganó en cancha –el ascenso de división- debe ratificarse con una cuantiosa suma de dinero o se da por no ganado. Esto, evidentemente, tiene poca relación con el deporte y de alguna manera controvierte los valores del mismo, pero tiene mucho que ver con el negocio.

Cuando un club pasa a ser parte de Primera B, adquiere el derecho a ser beneficiado con la repartición de recursos generados por la ANFP (principalmente por el Canal del Fútbol, pero también por otras fuentes), de suerte que además de sentarse en el consejo de presidentes adquiere un derecho de repartición que asemeja al de un accionista. La “acción” de la ANFP, por tanto, está valorada en las miles de UF que esta cobra a sus nuevos asociados de primera B. El problema evidente es que la ANFP es una corporación de derecho privado y por lo tanto, teóricamente, cumple una función pública y no tiene accionistas, sino que tiene socios.

Pero frente a este potencial conflicto es donde entra a jugar el principal regulador transnacional privado del mundo: la FIFA. Por buenas y malas razones, el fútbol se ha mantenido fuera del alcance de las reglas que dictan los Estados, creando un sistema normativo propio, que en muchas ocasiones contradice abiertamente a los sistemas legales nacionales.

El poder de facto del fútbol se basa en la misma buena razón que mantiene a esta autonomía en pie, y a la FIFA poderosa: el soporte popular. La mantención del fútbol como un sistema regulatorio propio obedece a la necesidad de este de defenderse de las posibles injerencias políticas que se podrían ejercer sobre él, sabiendo que este campo de pasión popular es, sin dudas, un apetecible botín para los gobiernos, los que podrían intentar usarlo para aumentar su popularidad o legitimidad, alterando gravemente la deportividad. ¿Podría Cobresal salir campeón sin esta autonomía? Si dependiera de los grandes bloques políticos, probablemente habría sólo 3 equipos que se turnarían la corona.

El lado oscuro de la autonomía, es que de alguna manera blinda al fútbol en contra de ciertas injerencias que son legítimas e incluso necesarias para ordenar algunos aspectos de la regulación interna, los cuales entran en pugna con lógicas mínimas del derecho. Esto, porque como muy bien se encarga de señalar la ANFP cada vez que este tipo de conflictos aflora, una asociación que es de alguna forma intervenida por un Estado, arriesga que la FIFA la desafilie y con ello, la excluya de participar en los torneos internacionales, tanto a nivel de clubes como de selecciones. Vale decir, la propia legitimidad y popularidad del futbol, usada como arma en contra de quien pudiera querer usarla a su favor. La intervención podría llevar a dejar a la selección sin mundial y a los equipos sin Copa Libertadores. ¿Habrá algo potencialmente más peligroso para la popularidad de un gobierno?

En este caso, lo más probable es que nada de lo anterior ocurra y las partes logren llegar a un acuerdo, evitando todas las potenciales consecuencias catastróficas, incluida aquella en que existe una injerencia externa sobre el fútbol. Es esperable, sin embargo, que ese acuerdo sea más que solamente pasar esta tormenta y que la ANFP efectivamente revise las reglas relativas al ascenso de Segunda Profesional a Primera B; de suerte de no imponer mayores barreras de entrada a los competidores y que se respeten las lógicas deportivas.

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